Siete policías de la FPA van a juicio por robar estupefacientes
Córdoba atraviesa una nueva crisis institucional tras revelarse una red de corrupción dentro de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).
Siete efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) fueron enviados a juicio por formar parte de una presunta asociación ilícita dedicada al robo de drogas incautadas, que luego eran utilizadas como moneda de cambio para obtener información en operativos encubiertos. El escándalo sacude a la fuerza creada hace una década para combatir el narcomenudeo en la provincia.
Según la investigación liderada por el fiscal Juan Pablo Klinger, uno de los acusados ya habría confesado su participación, confirmando la mecánica ilegal mediante la cual se “pagaba” a dateros con estupefacientes robados. Los hechos ocurrieron en la jurisdicción de Cruz del Eje, en el norte provincial.
La causa no sólo involucra a policías: también están imputados un fiscal y su secretario, quienes enfrentarán juicio por presunto encubrimiento agravado. Se trata de Raúl Ramírez, fiscal especializado en narcotráfico, y de Patricio Bazán, quienes fueron acusados formalmente el pasado 7 de abril.
El impacto institucional fue inmediato. Adrián Salcedo, jefe histórico de la FPA desde su fundación en 2014, fue desplazado junto a toda la cúpula de la fuerza. Salcedo había asumido al frente de la FPA tras la disolución de la División Drogas Peligrosas de la Policía, desmantelada durante el “narcoescándalo” que marcó el final de la gestión de José Manuel de la Sota.
Ahora, una década después, la fuerza que nació como respuesta al narcotráfico vuelve a estar bajo la lupa, en un contexto que plantea severas dudas sobre la integridad de sus operativos y el control institucional sobre el manejo de drogas incautadas.