Comenzó el juicio a narcomilitante y guardiacárcel

Con un total de ocho personas imputadas, comenzó hoy en el Tribunal Federal Oral N° 2 de la ciudad de Córdoba la primer audiencia del juicio que se le sigue a la banda que se dedicaba a la venta de estupefacientes en Arroyito, San Francisco y Frontera, pero que a la vez tenían como una de sus actividades principales ingresar droga a la Unidad Penitenciaria de nuestra ciudad.
Allí aparecen la empleada de la municipalidad de San Francisco, Claudia Alejandra JUAREZ y su esposo, Juan Ignacio LUDUEÑA, empleado del Servicio penitenciario de Córdoba. Ambos tendrían como actividad dentro de la organización delictiva, la de coordinar e ingresar droga a la cárcel de San Francisco, según figura en el expediente de elevación a juicio.
La condición de Juárez de empelada municipal, y su ferviente participación como militante del PJ, y la de su marido, que cumplía funciones de guardiacárcel y también militaba en la misma fuerza, hizo que la causa tome una gran relevancia pública.
El juicio que comenzó esta mañana, estuvo mayormente signado por las formalidades y por algunas particularidades risueñas.
En primer término los únicos acusados que declararon y contestaron preguntas fueron  Juárez y Ludueña, defendiéndose de los delitos que se le imputan.
Posteriormente, cuando llegó la hora de los testigos, ninguno se hizo presente en la sala. Eran 4 personas que debían declarar, pero la particularidad o hecho cómico, se dio cuando se hizo alusión desde la justicia que no se pudo localizar a uno de los testigos, a lo que el fiscal manifestó que se tomen las medidas pertinentes, dado que dicho testigo pertenecía a la policía de Córdoba y localizarlo no podía resultar tan difícil.

La defensa de los imputados y el "flagelo" de la droga
Claudia Juárez y Juan Ignacio Ludueña fueron los únicos en utilizar la palabra para defenderse. Ambos expresaron que por "problemas económicos" o por malos manejos de su economía, solicitaron un "crédito" a otra de las imputadas en esta causa, cuyo marido está detenido y sería uno de los cabecillas de la banda que está siendo juzgada.
Según el relato del matrimonio, a partir de esta solicitud de dinero, a la cual posteriormente no pudieron saldar, Ludueña accedió a ingresar celulares, gaseosas y cigarrillos a la cárcel y de esa manera ir "pagando" esa deuda. El préstamo se habría acordado luego de que el preso que cumple condena le ofreciera al guardiacárcel el dinero, dado que lo había visto triste y al consultarle que le pasaba, le contó las penurias económicas que pasaba. El acuerdo del "crédito" se dio entre las esposas de ambos.
Siempre negaron participar del ingreso de estupefacientes a la cárcel y Juárez en reiteradas oportunidades expresó que desconocía que la otra imputada estaba involucrada en el "flagelo de la droga" y que se enteró de la situación cuando allanaron su casa. Esta definición hizo que fuera consultada por el tribunal sobre la misma, ante lo cual volvió a repetir que estaba ajena a todo aquello y que era algo que desconocían, un "flagelo" que afecta a todos.
Su marido también realizó el mismo relato, aclarando que se equivocó al ingresar estos elementos, pero que nunca "pasó" droga y que lo que hizo fue por necesidad.

La cantina de la cárcel
Un hecho que sorprendió al fiscal y al jurado, fue que el guardiacárcel hizo referencia que dentro del penal local, uno de los cabecillas de esta banda, el cual dirigía la misma desde el penal donde cumple una codena por homicidio, estaba a cargo de una "cantina" que vendía diferentes productos dentro de la cárcel. Al ser consultado si ésto era legal. dijo que "no sabía", pero que era "algo habitual".
Según su relato, este preso de apellido Almada vendía cigarrillos, gaseosas entre otras cosas a los demás detenidos. Algunos de estos productos habrían sido ingresados por el guardiacárcel, e inclusive manifestó que una vez al terminar una "ronda" junto con sus compañeros le compraron una gaseosa al detenido.
Ante estas declaraciones, se dieron algunas preguntas del jurado y del fiscal, ante la incredulidad de lo que manifestaba, que deja expuesto lo que sucede dentro de las cárceles.

La denuncia
"A cuanto menos entre febrero de 2016 y el 25 de enero de 2018, Mirna Evelin NAGEL, Romina Fátima BRUNOTTO, Daiana Abigail RAMÍREZ, Deysi Jennifer NAGEL, Pablo Ezequiel ALMADA, Claudia Alejandra JUAREZ, el funcionario público Juan Ignacio LUDUEÑA y Moisés Alexis ALMADA, conformaron un conjunto de personas que intervino organizadamente para comercializar estupefacientes, principalmente, en las localidades de Arroyito y San Francisco, ambas de la provincia de Córdoba, y en Frontera, provincia de Santa Fe.
 Dicha organización se encontraba activa y funcionando ya en febrero de 2016; avala ello, lo averiguado por personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Córdoba, en cuanto a que: el 10 de febrero de 2016, dicho personal recibió una denuncia vía correo electrónico oficial, por la que se refería que Romina Fátima BRUNOTTO, de la ciudad de Arroyito, provincia de Córdoba, vendía marihuana y cocaína en la cárcel de San Francisco...

La participación de Ludueña y su esposa según la justicia
Según la elevación a juicio, "en oportunidad de resolver la situación procesal de los imputados se advirtió que de la prueba obrante en autos surgía la colaboración indispensable del imputado Juan Ignacio Ludueña, en su carácter de empleado del Servicio Penitenciario de Córdoba, en ejercicio de sus funciones en esa unidad carcelaria, como así también de su esposa Claudia Juárez, quien acordaría con Mirna las condiciones de modo, tiempo y lugar de entrega de los elementos ilícitos para luego concretar, a través de los encuentros que habría mantenido con Nagel, el traspaso de los efectos a su marido, y a través de éste, al interior del Establecimiento Penitenciario N° 7. A su vez, una vez introducidos, el destinatario exclusivo de los mismos habría sido el imputado Moisés Alexis Almada, para su posterior reventa a otros internos, o bien, realizando una intermediación entre Ludueña y otros reclusos.

El tribunal y la investigación
El tribunal que dictará sentencia está compuesto por los Dres. José Fabián Asís (Presidente), Dra. María Noel Costa y Dr. Carlos Julio Lascano. El fiscal que lleva adelante la acusación es el Dr. Carlos Gonella.
Hay que aclarar que la investigación de esta causa fue llevada adelante en la primera etapa por la justicia de Córdoba, por medio del Fiscal antinarcótico Bernardo Alberione, y luego la causa pasó a manos de la Justicia Federal de San Francisco por la magnitud del ilícito. Allí fue instruida por el Dr. Viaut y el Juez Pablo Montesi.
La defensa de los acusados está a cargo de: Dr. Jorge Perano (Almada Moisés, Brunotto Romina Fátima, Nagel Mirna Evelyn, Almada Pablo) y Dr. Rodrigo Altamira (Juárez Claudia Alejandra y Ludueña Juan Ignacio) Defensores Oficiales Públicos; Dr. Bonetto (Fraga Leonardo Ezequiel); Dr. Tognon (Ramírez Daiana Abigail); Dr. Gustavo Murga (Nagel Dyesi Yennifer)

Las imputaciones
Mirna Evelin Nagel, Romina Fátima Brunotto, Daiana Abigail Ramírez y Moisés Alexis Almada acusados como presuntos coautores del delito de comercialización de estupefacientes agravado por el número de personas, mientras que de Deysi Jennifer Nagel, Pablo Ezequiel Almada, Claudia Alejandra Juárez y Juan Ignacio Ludueña, de presuntos partícipes necesarios del delito de comercialización de estupefacientes agravado por el número de personas intervinientes y en el caso del nombrado Ludueña, agravado también por su condición de funcionario público encargado de la guarda de presos.